sábado, 4 de febrero de 2012

Wert o no Wert, esa es la cuestión

Existe una máxima que, desde que vivimos en democracia, se cumple inexorablemente: cada ministro de educación hace bueno a su predecesor.

Vaya por delante, el afán que profesan por inventarse leyes, a ser posible bautizadas con su propio nombre. Además, tenemos que añadir la sarta de ocurrencias que unos y otros nos regalan en un asunto demasiado importante para dejarlo en manos tan inexpertas.

Si es una nueva Ley de Educación lo que nos proponen, se enredan en banales discusiones sobre la religión (la iglesia se hace presente en cuanto se abre el debate, no vaya a ser que pierda su parte del pastel), y dedican días y noches – es un decir-, a deliberar sobre materias nuevas, tan necesarias para unos y tan “adoctrinadoras” para otros. A eso, a ese ir a ningún lado para regalarnos un nuevo “parto de los montes”, lo llaman “consenso”, cuando desconocen el estado lamentable de muchos centros educativos, la precariedad laboral de un buen número de docentes, congelan – en el mejor de los casos- el sueldo del profesorado que dicen apoyar y provocan cambios en el sistema para dejarlo- también en el mejor de los casos-, en su estado inicial.

En apenas un mes el Sr. Wert nos ha vendido unas cuentas ocurrencias que nos invitan a añorar al Sr. Gabilondo. Como no parece que entre sus objetivos se encuentre la creación de una nueva ley, se dedica a criticar unos textos- que no son tales- sobre Educación para la Ciudadanía, razón suficiente para inventarse una materia que no “adoctrine” y que ha denominado: “Educación Cívica y Constitucional”. Si verdaderamente pretendía evitar el “adoctrinamiento” en los centros, le hubiera bastado con sacar de ellos la asignatura de Religión.

Por si fuera poco este despropósito, y para evitar el fracaso escolar, eliminará un curso de Educación Secundaria para añadirlo a Bachillerato, olvidando quizás que la educación es obligatoria hasta los 16 años, con los inconvenientes que esto genera. A lo que hay que añadir el conflicto que se presentará al tratarse de un curso que entraría dentro de los conciertos educativos, a menos- no quiero ser mal pensado- que el Sr. Ministro pretenda concertar todo el Bachillerato. Nada sorprendente a juzgar por cómo se las gastan en esto de la Educación en Comunidades como Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha.

¡Si en un mes nos ha regalado tanta sapiencia, no quiero ni imaginar lo que nos espera en los próximos cuatro años!

miércoles, 1 de febrero de 2012

lo dijo el Ministro...de Educación.

“uno de los aspectos en los que quiero incidir más en mi gestión al frente del Ministerio es en la rendición de cuentas y la  fiscalización de resultados.”
Muy bien, empiece por explicarnos de dónde, y en base a qué, ha sacado la nueva asignatura Educación Cívica y Constitucional.
“…la Educación que, es una prioridad absoluta de nuestro Ejecutivo.” Pues menos mal…
“El Estado, no menos que de soldados que le defiendan necesita de ciudadanos que ilustren a la Nación”. ¿podría decirnos Sr. Ministro qué porcentaje del gasto militar destinará a “ilustrar ciudadanos”?
“uno de los primeros cuidados que deben ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es la educación pública.” Donde dice “educación pública” no quiere decir “educación privada”, ¿verdad?
“Quiero reivindicar aquí el pacto constitucional en materia educativa,…” ¿Cómo?, ¿inventándose uniateralmente una nueva asignatura?
“formularemos una Estrategia Nacional de Calidad.” Suena bien…¿nos lo explica?
“no hemos caído en la tentación de aprovechar la amplia mayoría que nos han confiado los españoles para aprobar una nueva ley general educativa.” Mucho peor, han caído en el eterno parcheo, comenzando por lanzar una ocurrencia.
“en la escuela se vuelvan a promover valores como el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto a la figura del profesor.” Lo mismito que en la política, salvo que en la escuela no existe corrupción.
“es el momento de replantearnos el sistema de acceso a la carrera docente y el progreso dentro de ella, y sustituirlo por otro que sí garantice la selección de los mejores”. ¿Podemos hacer lo mismo en política?
“Estatuto del Docente.” ¿Se refiere usted a eso de dividir al profesorado en varias categorías?, ¿quién pondrá el cascabel al gato?, ¿en base a qué? En política sería fácil, basta con mirar los escaños vacíos del Congreso. A la escuela acudimos todos a diario, Sr. Ministro.
“impulsar la autonomía de los centros educativos en el plano organizativo, curricular y de gestión económica.” Claro, autonomía de los Centros y control exhaustivo del profesorado.
“reducir la tasa de abandono escolar temprano.” ¿Eliminando un curso de ESO? Bonito truco.
“dar un mayor protagonismo a las empresas, de acuerdo al modelo de FP Dual alemán,” ¿A qué empresas?, ¿A las que se han privatizado, a las que han huído, a las que han desaparecido?
“sustituyendo el viejo enfoque de estudiar inglés para pasar a estudiar en inglés.” Serviría de ejemplo que nuestros presidentes de Gobierno fueran los primeros en ponerlo en práctica.
“el primer paso va a ser reunirnos con todas las Comunidades Autónomas a fin de acordar una definición común de lo que entendemos por bilingüismo.” De paso, podrían ponerse de acuerdo en eliminar 17 sistemas educativos diferentes.
“Una herramienta fundamental en ese proceso es la utilización de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC).” No acaban de llegar los equipos a los Centros, ¿es por la crisis?
“la sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por una nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional.” Esto es una reforma y lo demás son tonterías.
“proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico.” ¿Van a sacar la religión de los Centros? Gracias.
“No hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo.” ¿Ni siquiera las Católicas? Con lo que nos han costado y lo que les cuesta, a quienes pueden pagarlas, claro.
“El 42% de las carreras universitarias tuvieron menos de 50 alumnos nuevos en el curso 2008-2009.” Pues sí que es preocupante. ¿Cuántos nuevos universitarios hay en España? A ver, a 50 por carrera…
“debemos trabajar para que la Universidad retorne a la sociedad la gran cantidad de recursos que se ha destinado a la misma.” Claro, pero a la sociedad española. Ya sabemos que los investigadores tienen tres salidas: por tierra, mar y aire.
“Me propongo constituir a la mayor brevedad un Consejo de Expertos de Alto Nivel”. Si hubiera esperado a constituirlo, quizás hubiera evitado esa ocurrencia de la Educación Cívica.
“lo cierto es que desde 2004, España ha pasado de ocupar el puesto 12 en la clasificación de Potencias Olímpicas, al 17.” ¿Y desde 1982?
“se priorizarán todas las medidas encaminadas a mejorar los resultados y apoyar la presencia española en Londres!”. No, mire, lo de Londres 2012 ya está vendido, para bien o para mal será “culpa” de Zapatero; unos JJOO no se preparan en cinco meses.
Sr. Ministro, el modesto consejo de un humilde profesor es que reúna usted a sus expertos, pónganse de acuerdo en algo, consensuen algo con los expertos del resto de partidos y llévenlo todo a una Comisión de Expertos, es decir, formada por personas que sepan de educación: maestros, profesores…quienes elaborarán una ley donde el debate no se limite a “religión sí, religión no”. Dejen que esa Ley se desarrolle sin meter la política en los Centros y observarán cómo mejora nuestra Educación.

domingo, 29 de enero de 2012

viernes, 20 de enero de 2012

El desprecio político al funcionariado


Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
El desprecio político al funcionariado

FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

miércoles, 18 de enero de 2012

¿Una generación perdida?

blogs.publico.es/cartasdeloslectores

Frustración, indignación, decepción… Estos y otros adjetivos describen

a una generación de universitarios, con máster, posgrado,

idiomas, que empezaron a trabajar de mileuristas y ahora darían lo

que fuera por ese sueldo. Esa generación, que se siente engañada

por promesas no cumplidas después de decirnos: “Estudia, fórmate,

prepárate y tendrás un buen puesto de trabajo, un buen futuro...

blablablá”.

¿Qué más formación quieren? Empezamos desde cero una y otra

vez, siempre que se acaba nuestro contrato temporal y firmamos

otro en peores condiciones. Hemos sacrificado años de nuestra juventud

estudiando, luchando por un sueño y ahora sacrificamos

nuestras relaciones personales en busca de un empleo. ¿Qué más

tenemos que sacrificar? ¿Cuándo llegará el tiempo de esperanza a

mi generación, a la generación perdida?

MóniCa HiDaLgo
Público. Comentarios.