No son los maestros, estúpido.

            Si un aspirante a maestro desconoce por dónde pasa el Duero, no diferencia entre “basta” y “vasta”, ignora la localización de Navarra o el nombre de los Reyes Católicos, es justo que no supere una prueba de oposición, por mucho que se haya afanado en conocer todas las leyes educativas- que no son pocas-, y sea un experto pedagogo. Y celebramos que así haya sido en la Comunidad de Madrid, lo que no debería ser noticia. La noticia sería que sí hubieran superado esa prueba con lagunas tan profundas. La noticia está en la hemeroteca, en aquellos maestros que aprobaron a estos candidatos la Primaria, la Secundaria…, y en quienes les dieron el título de Maestros tras cumplir los tres cursos preceptivos de formación.

           Aunque eso, en la España que vivimos, estaría dentro de lo normal o, mejor dicho, de lo que algunos consideran normal. Es normal, es norma, que un político que esté imputado por la justicia siga en su cargo, que un condenado por acoso sexual pueda presentarse a unas elecciones, que alguien imputado por numerosos “presuntos” delitos observe desde su trono cómo se alargan los procesos, cómo se alternan los jueces y, cómo, finalmente, esos “presuntos” delitos prescriben.

Es norma que si un ciudadano da su voto al político que encabeza una lista, por añadidura tenga que tragar con una retahíla de nombres- muchas veces desconocidos, y otras conocidos pero no de su agrado-, por aquello de las listas cerradas. Es norma que en muchas ocasiones el hemiciclo del Congreso presente muchos vacíos, especialmente si hay fútbol; es norma que muchos medios de comunicación se deban a una ideología, incluso aquellos que pagamos con nuestros impuestos; es norma que muchos profesores ejerzan sin ningún tipo de concurso-oposición porque así lo decide el obispo de turno en base a unos acuerdos con la Santa Sede que datan de 1976 y 1979; es norma que ningún partido político se haya planteado cuestionar estos acuerdos que, además, contradicen tan rotundamente nuestra Constitución en cuanto permiten que “los españoles no seamos iguales ante la Ley”.

          Se considera normal, por eso no dimiten, que nos gobiernen tantos y tantos políticos incapaces de hilvanar dos frases seguidas con la debida corrección si no tienen un papel delante; y se considera normal que esos mismos políticos voten a favor de una nueva Ley de Educación cada cuatro años, como si la brecha que han abierto con su negligencia en tan capital asunto pudiera cicatrizar a base de parches y cataplasmas.
         Es normal que alguien que gana cientos de miles de euros conozca el Duero- seguramente por sus vinos- y hasta el Caribe. No es normal que quien no pisa la calle, no da ruedas de prensa por miedo a equivocarse, tropiece. Porque, ¿en qué lugar hubieran quedado nuestros diputados en ese examen de cultura general? No hace tanto, un periodista en la misma puerta del Congreso planteó preguntas semejantes a los poco atrevidos a contestarlas. El balance fue, siendo generosos, pobre. No podemos exigirles, ciertamente, que conozcan las ciudades que recorre el Duero, lo justo es que valoremos su trabajo, su capacidad de gestión, que es para lo que les hemos elegido. Pues bien, ellos solitos han sido capaces de meternos en esta monumental estafa (que no crisis), son capaces de que cada día haya más desempleo y menos derechos, más pobreza y menos esperanza.
         Los maestros que no conocen el Duero no ejercen; los políticos que mienten, sí; los imputados, también; los condenados, también; los que vieron cómo prescribían sus “presuntos” delitos, también. Flaco favor hacen a nuestra profesión con estas ocurrencias. Pero nada nos sorprende, ya sabemos lo que contamos para ellos cuando no cesan de reducir recursos y derechos de quienes tenemos en nuestras manos el futuro de este país. A nosotros, a los que sí ejercemos, no nos preguntan por el Duero, ni tampoco por nuestras inquietudes, nuestros desvelos. No nos piden opinión cuando redactan una nueva Ley de Educación, no nos explican las numerosas incongruencias que nos obligan a vivir en el día a día. Y, nosotros, los que sí ejercemos, no tenemos siquiera un coche de lujo pagado por los ciudadanos para ir a nuestro trabajo. O a la peluquería.